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“La nueva arremetida del gobierno nacional, promoviendo la instalación
en la agenda política, el tema de la merma en la edad de imputabilidad
penal, es una medida efectista de corte electoralista, para saciar la
sed de seguridad que ellos mismos, en coordinación con los formadores
de opinión, han creado en el imaginario social, de que la inseguridad
es culpa de los adolescentes y jóvenes”, apunto Brizuela.

Si bien reconoció que la inseguridad y el delito existen y afecta a la
sociedad, que “lo siente y padece”, dejo en claro que esta situación,
no se soluciona “mágicamente”, ni mucho menos “criminalizando” la
niñez y la adolescencia y “violando” marcos y principios jurídicos
internacionales y constitucionales.

El funcionario manifestó en su reflexión que la merma de la edad de
imputabilidad no disminuye la inseguridad, señalando que, no resuelve
sus causas, ni ataca con eficiencia las consecuencias reprobadas por
“la mayoría de la sociedad”.

“No hay que mirar para otro lado, el delito es una pesadilla para
todos y una herida en el cuerpo social”, expresó, a su vez que remarcó
que su resolución no tiene que ver con recetas “simplistas de mano
dura”, sino con el funcionamiento pleno y ágil de la Justicia y la
tarea preventiva y efectiva de los organismos de seguridad y la acción
institucional del Estado y la Sociedad, promoviendo políticas de
inclusión, como Salud, Educación, Deporte ,Recreación y atendiendo con
prioridad a sectores sociales vulnerables y en riesgo.

Finalmente el representante de los derechos humanos en la provincia,
enfatizó:” Que la lucha necesaria contra el delito, no se convierta en
violación de los derechos de lxs niñxs”.