delinterior.com.ar

Le pesa una investigación a partir de eventuales “retornos” en sueldos de empleados que reportaban a ella

 

 

La Justicia puso nuevamente la mira sobre la Legislatura bonaerense. En este caso puntual sobre el accionar de la senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Flavia Delmonte. La legisladora, que ocupa una banca representando a la Quinta sección electoral, es investigada junto a otras dos personas de su equipo de trabajo por el presunto delito de defraudación a la administración pública a través de “retornos” en los sueldos de personas contratadas por la senadora.

 

 

La propia Delmonte reconoció que existe una denuncia desde el año 2021 por este tema y que desde ese momento se “presentó ante la Justicia para estar a disposición en el marco del texto legal y constitucional”. También sostuvo que se busca una condena mediática y que “este conflicto se da en el proceso de mi divorcio y para perjudicarme”.

 

Allí es donde la legisladora apunta a la denunciante. Quien sentó en sede judicial la denuncia que hoy lleva adelante el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Mario Rafael Flores ante el juzgado de Garantías de Dolores, David Leopoldo Mancinelli es Yanina Tamara Arce. Según la legisladora es la hermana de crianza de su ex marido; algo que la propia Arce confirmó.

 

El testimonio -al menos mediático- de Arce parece contundente. Tiempo después de radicar la denuncia la mujer habló en TN y relató que Delmonte le propuso trabajar con ella en el local del centro vecinal de Villa Clelia, en el partido de la Costa. “Yo estaba pasando por una enfermedad, me ofrece trabajar con ella, ponerme en blanco en el Senado, y me daba la obra social -IOMA- y los aportes jubilatorios”. Cuenta también que como necesitaba la obra social accede y es nombrada en el Senado. Era el año 2019 y que de $31.000 que era el sueldo en ese momento, solo se quedaba con $10.000. El resto, sostuvo Arce, se lo daba “a Razimoff”. Se trata de Kevin Razimoff, asesor de la senadora y que hasta el año pasado fue relator de la comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo del Senado bonaerense. La comisión era presidida por Delmonte. Por estos días el Senado se encuentra negociando la distribución y presidencias de las comisiones.

 

Delmonte presidiendo la comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo del Senado bonaerense

 

Fuentes de la Cámara Alta deslizaron a Infobae que hasta el mediodía de este viernes todavía no ingresó ningún pedido de desafuero sobre Delmonte por la investigación que está en curso. La denunciante por su parte agregó que alrededor del mes de septiembre del 2019, la legisladora le pidió que le entregue la tarjeta con la que cobraba el sueldo.

 

 

“De manera equívoca los conflictos personales son utilizados por una tercera persona y se judicializan penalmente tergiversando datos, fechas, circunstancias de tiempo, modo y lugar como así también se oculta una relación de amistad de 25 años”, se defendió Delmonte con un comunicado en el que también sostiene que “las personas que se mencionados y citados a prestar declaración son personas honestas y de bien, que fueron y aún algunos son parte de mi equipo de trabajo y militancia; demás está decir que ninguno es ‘ñoqui’”. Además de Razimoff también se puso la mirada sobre Javier Torrijo Fuertes, otro presunto colaborador de Delmonte

 

La legisladora busca despegar la situación de un caso que el año pasado levantó polvareda en la Cámara de Diputados bonaerense como fue la detención del puntero del peronismo platense Julio “Chocolate” Rigau.

 

Aquel episodio que se encamina al juicio oral terminó en febrero de este año con la confirmación de la prisión preventiva del propio Rigau; el concejal platense de Unión por la Patria, Facundo Albini y su padre Claudio Albini, ex subdirector de Personal en Diputados; quienes para la Justicia formaron parte de una asociación ilícita que defraudó al Estado a través de un mecanismo de prestanombres figuraban como personal de la Cámara aunque no prestaban servicios y en algunos casos no recibían remuneración alguna. Su sueldo era extraído por Rigau desde diferentes cajeros. La detención del puntero en septiembre del año pasado en el cajero del Banco Provincia de calle 7 y 54 -a cien metros de la Cámara de Diputados- con 48 tarjetas de débito en su poder fue la punta de un hilo que hasta el momento se cortó en los Albini.

 

 

El caso de Delmonte es quizás más directo dado que llega directamente a una representante del Poder Legislativo. Sin embargo, cuenta con fueros y debería ser el Senado quien avance. El artículo 84 de la constitución provincial establece que “cuando se deduzca acusación ante la justicia contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario, de la acusación o información traída, podrá la Cámara respectiva, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, dejándolo a disposición del juez competente para su juzgamiento”. Para avanzar con un desafuero se requieren de 30 votos de un total de 46.

 

 

El antecedente más cercano de un pedido de desafuero en la Cámara Alta fue cuando el Juez Federal Ernesto Kreplak, solicitó lo requirió para el entonces senador de Cambiemos, Juan Pablo Allan, en el marco de la Causa Gestapo. En ese entonces el peronismo y Juntos rechazaron el pedido del magistrado, aunque se habilitó el llamado a indagatoria

 

Allan había aparecido en el video grabado de una reunión que el 15 de junio de 2017 se realizó en la sede porteña del BAPRO, donde se ve al el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas decir ante empresarios de la construcción de La Plata, agentes de la AFI, el ex intendente de la capital bonaerense, Julio Garro y el ex viceministro de Justicia Adrián Grassi: “Si pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. La reunión tenía como objetivo avanzar contra el antiguo secretario general de la UOCRA La Plata, Juan Pablo Medina, quien dos meses después de esa reunión sería detenido. En diciembre del año pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó la falta de mérito a todos los involucrados.

 

Otro caso relativamente cercano por el que un senador provincial dejó su banca envuelto en una denuncia fue el de Jorge “El Loco” Romero, que en ese entonces era responsable de La Cámpora en Florencio Varela. Romero, ocupaba una banca por Unidad Ciudadana y había sido denunciado de acoso sexual por una militante, en el año 2018. El entonces legislador admitió la culpabilidad y renunció “a las responsabilidades políticas”; también dejó de ir a las sesiones pero ante las seis inasistencias consecutivas debió pedir licencia sin goce de sueldo hasta que se venció su mandato.